La Universidad del Perú, caso de estudio.
Aquí la carta.
Vaticano 11 de julio de 2012
Señor Rector:
La Santa Sede ha seguido con particular atención la evolución de la
situación de la Pontificia Universidad Cató1ica del Perú. (PUCP),
especialmente tras la Visita canónica del Emmo. Card. Peter Erdo y su
visita a Roma el pasado 21 de febrero.
Durante la conversación que mantuvimos en aquella oportunidad, por
mandato del Santo Padre le comuniqué, en sustancia, la ‘exigencia legal’
de adecuar los Estatutos de esa Universidad a la legislación canónica
de la Constitución Apostó1ica Ex Corde Ecclesiae, como debería haberse
hecho ya desde 1990.
Ese ha sido en todo momento el claro requerimiento que la Santa Sede les
ha hecho como obvio requisito para que sean reconocidas y garantizadas
adecuadamente la identidad y la misión específicas de esa Universidad.
He sido informado detalladamente por el Nuncio Apostólico en el Perú, Su
Excelencia Monseñor James Green, de las reuniones que han tenido en la
sede de la Nunciatura Apostólica, así como de sus propuestas. Atendiendo
al pedido que Usted le hizo, se amplió el plazo para la adecuación de
los Estatutos desde el 8 al 18 de abril último.
Debo comunicarle ahora la notable decepción con que esta Secretaria de
Estado ha ido percibiendo la orientación que ese Rectorado daba a la
problemática, particularmente en la carta N. 068/12.R del 13 de abril de
2012 y en la sorprendente carta N. 095/12.R, del 9 de mayo de 2012,
publicada como Aviso en el Diario La Republica’el 11
de mayo de 2012. Llama particularmente la atención el modo de presentar
en ella las indicaciones recibidas de la Santa Sede y el papel
desempeñado por el Arzobispo de Lima. Esa interpretación ha sido causa
de desinformación para la comunidad universitaria, para los fieles y los
ciudadanos en general.
Como he tenido modo de expresarle antes, la situación irregular que
viene atravesando la Universidad no es reciente y ha sido materia de
seria preocupación de los tres últimos Arzobispos de Lima, no solamente
del actual. La Universidad ha venido incumpliendo las disposiciones
legales establecidas, que se ha advertido reiteradamente por escrito.
Consta en nuestros archivos que los últimos Estatutos de la PUCP fueron
aprobados, como corresponde a una Universidad Pontificia, por la Sagrada
Congregación de Seminarios y Universidades en 1946 y a ellos se han ido
incorporando modificaciones aprobadas por la misma Congregación en los
años 1957, 1964 y 1967.
Desde la última fecha, las Autoridades de la mencionada Universidad, sin
previa y necesaria aprobación de la Santa Sede, han realizado múltiples
y sustanciales modificaciones de los mismos perjudicando gravemente los
derechos de la Iglesia. A la luz del Acuerdo vigente entre Perú y la
Santa Sede y del Derecho Canónico consideramos que dichas modificaciones
son ilegítimas y que a través de ellas se está ocasionando un expolio a
la Iglesia.
Habiendo recibido de su parte una respuesta negativa al requerimiento de
la Santa Sede, debo constatar que en las Autoridades de la Universidad
que Usted regenta no hay voluntad de corregir esa arbitrariedad, y que
pretenden que la Iglesia renuncie a sus legítimos derechos al servicio
de la educación católica.
Esta actitud no reconoce la legítima autonomía de que goza la Iglesia
para organizar sus instituciones educativas, como es el caso de la PUCP,
en total observancia de las leyes civiles vigentes en el País y del
Acuerdo entre el Estado peruano y la Santa Sede. La autonomía de las
Universidades Católicas ha sido siempre plenamente reconocida por la
Iglesia, dentro del ámbito de sus normas, porque el necesario aporte de
la libertad es imprescindible para una sana actividad de estudio e
investigación comprometida en la búsqueda de la Verdad, empeño que debe
presidir todo esfuerzo por ampliar las múltiples dimensiones del
conocimiento y del saber.
Por el contrario, dejando de lado el requerimiento que ha sido hecho a
esa Universidad de acomodarse a la ley canónica, del todo compatible con
la legislación peruana, ese Rectorado responde que, como ‘premisa’ para
adecuarse a la ley de la Iglesia es necesaria una ‘negociación’ con el
Arzobispado de Lima que impida el control de este sobre la
administración del patrimonio de la Universidad.
Sobre este punto se han pronunciado los tribunales del Perú. Se trata de
un derecho-deber a favor de la Iglesia de Lima, que busca sólo
garantizar la transparencia y ejemplaridad en dicha administración
patrimonial y su adecuación a los fines fundacionales de esa
Universidad. Son objetivos que interesan por igual a todos los fieles de
esa comunidad eclesial.
Sorprende aun, el hecho que ese Rectorado anteponga un problema ‘que, al
fin y al cabo, es exclusivamente un asunto de bienes materiales’, como
decía Usted en su carta del pasado 13 de abril, al deber que esta
Secretaria de Estado le recordaba de observar la legalidad eclesial.
Ambas cuestiones poseen su propia autonomía. Una ‘solución integral’,
como Usted dice, que no respete los elementos de justicia que hay en una
cuestión y en la otra, representa una solución contraria a la justicia.
La primera exigencia, incondicional, que esa Universidad tiene que
cumplir es la de ajustarse al Derecho y adecuar sus Estatutos a la
legislación canónica.
A la luz de cuanto he escrito y después de tantos años de diálogo y
tentativos para restablecer la legítima autonomía propia de una
Universidad Católica, la Santa Sede se ve obligada a adoptar las
necesarias medidas en relación con esa Universidad.
A la presente carta le adjunto el Decreto de la Santa Sede al respecto. A
Usted, Sr. Rector, le incumbe una concreta responsabilidad en la
presente situación ya que, por razón del cargo, tiene la misión de hacer
cumplir en la comunidad universitaria las leyes y disposiciones de la
Iglesia.
Con todo el respeto le saluda atentamente y le encomienda
Tarcisio Cardenal Bertone
Secretario de Su Santidad
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