Ayer Ivanka Marinovic pide pasar de los discursos
políticos a detener efectivamente la destrucción del país. Clama por
“propuestas inmediatas para actuar”. Coincidentemente, La Tercera publica “El
dilema de la autodefensa”. He ahí una parte de la respuesta. El derecho a la
legítima defensa, incluso letal si fuese necesaria, está reconocido por el
derecho de todos los países y por la ética universal. De esto no cabe duda.
Sin embargo, así como las manifestaciones
“pacíficas” degeneran de hecho en la acción concertada y masiva de evasores del
Metro, anarquistas, incendiarios, saqueadores y violentistas de todas las
especies, así también es muy fácil que los grupos de autodefensa den origen a
los excesos defensivos y a la venganza privada, que es la forma especular de la
violencia. Y eso es caer en las garras del extremismo, que quiere provocar odio
y violencia.
La única forma de evitar este desenlace, no
desconocido para los chilenos más viejos, es que el Estado de Derecho opere de
manera implacable, con todos los instrumentos a su disposición, incluido el uso
de la fuerza que hiere y mata a los agresores violentos.
También puede ser lícita la guerra civil defensiva,
que es lo que se está incubando, y, en último término, la intervención de las
Fuerzas Armadas, como el 11 de septiembre de 1973.
Todavía no hemos llegado al punto en el que un
pronunciamiento militar total sea legítimo. Es una tentación, reconocida a
diestra y siniestra con un eufemismo: “la democracia está en peligro”. Es una
tentación nefasta, porque, para que sea moral y legalmente lícito deponer por
las armas a los poderes constituidos, es necesario que antes hayamos agotado
todos los recursos institucionales: el diálogo que incorpore a todas las
fuerzas pacíficas (¿por qué hemos sido excluidos los republicanos de J.A. Kast?),
los estados de excepción, la destitución de los parlamentarios extremistas
(¿por qué calló el Tribunal Constitucional?), el castigo severo, visible y
pronto de los violentistas ya detenidos, la expulsión de los extranjeros
agitadores, la ruptura de relaciones diplomáticas con los países que agitan la
revolución, el apoyo irrestricto al uso de la fuerza legítima por las
instituciones armadas y por los chalecos amarillos y quienes ejercen la
legítima defensa proporcional, y el uso intensivo de los servicios de
inteligencia. En esta tarea se empeñan a regañadientes casi todos los actores
políticos. Especialmente loable es la función de “memoria histórica” de los
socialistas, que serían las primeras víctimas de una revolución militar.
Con todo, esta tentación nefasta dejaría de serlo y
se transformaría en un deber patriótico si se cumplen las condiciones debidas.
Un país no puede ni debe tolerar su destrucción a manos de una minoría ínfima, que
ha renunciado a las reglas del juego democrático porque sabe que nunca ganará
las elecciones.
Y nadie, nadie puede impedir que Ivanka Marinovic,
conforme al derecho chileno, adquiera armas y aprenda a usarlas para defender
su vida y la de su familia.
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Referencias son a La Tercera del viernes 29 de noviembre de 2019.
Carta enviada a ese diario en esa fecha.
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