Por: Elard Koch
Aborto en casos de violación: perpetuando un ciclo de violencia
Publicado el 9 julio 2013
El reciente caso de una niña de 11 años que resultó embarazada de su padrastro, ha desencadenado nuevamente un debate
en torno a la legislación del aborto en Chile. Hay quienes proponen
modificar la actual legislación, permitiendo el aborto en éste y
cualquier caso de violación con resultado de embarazo como una suerte de
solución positiva. Sin embargo, un robusto cúmulo de evidencia
científica, sugiere actualmente que el aborto como tal no resuelve el
problema. Hasta la fecha, ningún estudio en la literatura biomédica ha
sido capaz de demostrar cualquier beneficio del aborto electivo sobre la
salud mental o reproductiva de la mujer. Por el contrario, el
aborto electivo más bien provoca efectos deletéreos serios para la salud
posterior de mujeres y niñas enfrentadas a situaciones de violencia
como abuso sexual o violación, una cuestión de fondo, que debería ser
considerada seriamente en el actual debate.
Desde una perspectiva epidemiológica, el
riesgo o probabilidad de un embarazo en casos de una violación aislada
es extremadamente infrecuente, lo cual indudablemente no le resta
gravedad al delito. Sin embargo, es en los casos de violación reiterada,
habitualmente relacionado con abusos sexuales de niñas adolescentes al
interior del grupo familiar o violencia de la pareja contra la mujer,
donde estos casos son más frecuentes. Más aún, el aborto
inducido legal o ilegal por coerción (i.e. mujer presionada u obligada a
abortar), permanece muchas veces oculto, especialmente en menores de
edad, convirtiéndose en una forma de perpetuar un ciclo de violencia que puede dejar impune al violador y condenar a la mujer o niña abusada a permanecer en este círculo vicioso.
Los estudios más recientes, señalan unívocamente una lamentable realidad: el
aborto inducido por coerción es cada vez más frecuente, y se encuentra
entrelazado en una compleja cadena de eventos asociados a diversas
formas de violencia contra la mujer que impactan seriamente su salud
mental posterior. Un velo de silencio en
las agencias de salud pública respecto a la presencia de coerción en
mujeres que se realizan un aborto, ayuda a perpetuar este ciclo de
violencia y vulnerabilidad, entorpeciendo o bloqueando el acceso a
servicios de asesoría legal, apoyo psicológico y educacional.
Una investigación reciente en Canadá, da cuenta de una estrecha relación entre aborto inducido repetido, coerción y violencia física o sexual reiterada. La historia de violencia íntima de la pareja en mujeres que buscan un aborto inducido puede superar 40% en Canadá. Un estudio de la OMS
en múltiples países, con diversas legislaciones respecto al aborto,
concluyó que el aborto inducido por coerción sexual se extiende
prácticamente en todos los países estudiados. De hecho, un estudio prospectivo en Nueva Zelanda, ha mostrado que la
historia de abuso sexual en la niñez, es un poderoso predictor del
incremento en las tasas de abortos electivos en adolescentes y mujeres
jóvenes. También las experiencias de abuso en la niñez, están asociadas al aborto electivo reiterado y problemas de salud mental subsiguiente en la vida adulta.
Como he señalado en una columna anterior,
desde una perspectiva científica, el aborto es por si mismo un acto o
experiencia violenta para la mujer. Los abortos, incluso aquellos que ocurren espontáneamente, desencadenan síntomas variables de una reacción de estrés agudo, que puede provocar o recrudecer un Síndrome de Estrés Postraumático (SEPT). Sin embargo, a diferencia de las pérdidas espontáneas, los abortos inducidos provocan problemas de salud mental subsiguiente más severos. Por ejemplo, el grupo noruego de Anne Broen et. al (uno de los grupos científicos con vasta experiencia en este tema) ha establecido que mientras las mujeres expuestas a pérdidas espontáneas se recuperan satisfactoriamente en el corto plazo, los síntomas permanecen por años en los casos de aborto electivo. En una proporción importante, se desencadenan psicopatologías como depresión o ansiedad. Otra investigación reciente,
específicamente en adolescentes de 14 a 19 años con embarazos no
planificados, determinó que aquellas que abortaron antes de las 12
semanas, presentaron 4,9 veces mas riesgo (i.e 490% mayor
probabilidad) de presentar SEPT respecto a las adolescentes que
decidieron continuar con su embarazo. La asociación fue más fuerte en
aquellas niñas que tuvieron experiencias sexuales traumáticas y el
aborto fue un buen predictor de depresión luego de controlar por
factores de confusión.
Estudios de seguimiento prospectivos en Estados Unidos y en Finlandia,
han confirmado que el aborto inducido incrementa 2 a 4 veces el riesgo
de suicidio en los siguientes 12 meses de ocurrido el evento. Una revisión sistemática y meta-análisis de 22 estudios
conducidos entre 1990 y 2008, concluyó que el aborto electivo
incrementa el riesgo de problemas de salud mental subsiguiente respecto a
mujeres que continúan con su embarazo. Otro meta-análisis conducido por el grupo de David Fergusson et al
en Nueva Zelanda, considerando sólo estudios que han comparado grupos
equivalentes con embarazos no intencionados, llegó a la misma
conclusión.
En el ámbito latinoamericano, una investigación de 871 adolescentes embarazadas brasileñas,
muestra que la experiencia de un aborto previo y el abuso sexual en los
últimos 12 meses, fueron importantes factores de riesgo para el intento
de suicidio o conducta suicida. Interesantemente en esta investigación,
una mayor red de soporte social en estas niñas, mostró un fuerte rol
protector, previniendo o evitando la conducta suicida.
En consecuencia, el aborto en
casos de violación debe ser evitado o prevenido, no facilitado. Proponer
como solución el aborto legal, como una suerte de derecho positivo, es
una propuesta simplista, fracasada y estéril. Sólo empeora la
situación, favoreciendo que se incrementen los abortos por coerción
sexual, perpetuando un ciclo de violencia que puede afectar seriamente
la salud mental futura de mujeres y niñas violadas.
Es lamentable que se instrumentalicen políticamente casos de niñas abusadas para discutir si legislar o no el aborto en Chile.
Desarrollar programas de protección y atención integral a las victimas
de violación, que incluyan tanto a la madre como a su hijo o hija en
gestación, debería ser una discusión de fondo en busca de consenso.
Esperemos en época de elecciones, escuchar propuestas en este sentido y
no, asertos que se anquilosan una y otra vez en discusiones bizantinas
sobre el estatus legal del aborto en el país.
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