“Pacta sunt servanda”

“Se han de cumplir los acuerdos” es uno de los principios más antiguos y firmes del orden ético y jurídico. Si no podemos confiar en que será honrado por aquellos que son nuestra contraparte, no tiene sentido firmar ningún contrato privado, ningún pacto público, ni en la política ni en la guerra. Más nos vale pasar a la lucha desnuda por el poder.

El Acuerdo por la Paz, aunque no fuera representativo de todo Chile, inició un proceso que podría llevar a una nueva Constitución o a legitimar definitivamente la actualmente en vigor (como en el 2005…). Su artículo 4.º dispone que la elección de los miembros de la convención se realizará “bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados en la proporción correspondiente”. El texto es incompatible con alterar ahora esas reglas: es imprescindible que se use el sistema electoral que los firmantes del acuerdo tenían a la vista al firmar ese acuerdo.   

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados pretende desconocer esta exigencia. Hace uso de una potestad que realmente posee, porque el acuerdo político no vale nada si no se traduce en leyes democráticamente aprobadas por el Congreso Nacional y el Presidente de la República. Sin embargo, el que como legisladores contradigan y alteren el acuerdo político invita a que lo mismo hagan las fuerzas de centro y de derecha. Si el acuerdo no ha sido respetado por los unos, no tendría por qué ser respetado por los otros.

Quizás es lo que corresponde ahora: que los diputados y senadores de centro y de derecha se nieguen a dar los votos necesarios para cualquier reforma constitucional o legislación necesaria para el proceso constituyente, si no se respeta todo lo acordado.

Si no se legisla de buena fe, es fácil y quizás conveniente derrumbar el proceso. Y esto es independiente de si, para el futuro, una nueva Constitución o una reforma constitucional establecen cuotas de representación según características varias.