Sobre huelga de hambre

Por la dificultad de tratar el tema ético en sí mismo, he intervenido sobre los aspectos más políticos del debate. Solamente me pronuncio sobre la ausencia del deber del Estado de impedir la muerte de los huelguistas en todo caso y por cualquier medio. Esto no significa que no tenga el deber general de velar por sus presos, pero ese deber es compatible con dejarlos morir si ellos no responden a los cuidados ordinarios. En el caso de delincuentes, especialmente cuando su causa es injusta, no veo ninguna objeción a dejarlos morir. 

Cartas
Jueves 30 de Septiembre de 2010
Huelga de hambre III

Señor Director:

Más allá de si es lícito o no que el Estado impida la muerte de los huelguistas de hambre, cabe cuestionar que tenga alguna obligación positiva de hacerlo en todo caso. Sobre la situación actual, me atrevo a sugerir que no existe tal obligación: no hay nada que objetar a que las autoridades permitan que acontezca un mal que ellas no procuran, cuando los medios ordinarios para impedirlo han sido insuficientes. Y alimentar uno a uno a los que mueren de hambre en el país, más aún usando la fuerza, es algo ciertamente extraordinario.

Además, quisiera pedir un periodismo de investigación más incisivo, que nos diga si hay huelga de hambre de verdad, pues sobrevivir después de setenta días sin comer me parece inexplicable. También les ruego a las autoridades que impulsen una campaña de comunicación para mostrar a todos que su posición es justa, e injusta la de los delincuentes. El Estado no puede vivir secuestrado por un chantaje de este tipo. En definitiva, si los huelguistas fallecen, es por su propia culpa.

En tercer lugar, llamo a repudiar el despilfarro de energía en este falso diálogo con delincuentes. La dedicación de las más altas autoridades civiles y eclesiásticas para tratar de retener en este mundo a los huelguistas es desproporcionada en relación con lo que les dedican a los que cada año mueren asesinados, o de hambre, de frío, de enfermedades curables, ¡contra su voluntad!

Finalmente, pienso que el Ejecutivo debería promover la presencia pública de los verdaderos representantes de la etnia mapuche, que no son delincuentes, que nunca han usado la violencia para conseguir tierras, y que no viven del negocio internacional del indigenismo.

Nada de esto se opone a un deseo ampliamente compartido: que, en diálogo con los mapuches que son buenos ciudadanos y que no han cometido delito alguno, se reparen injusticias pasadas y se mejore la situación presente.

Cristóbal Orrego Sánchez