Proceso constituyente antijurídico e inútil
Los
líderes políticos, desconectados de su pueblo, emprenden ahora un proceso
constituyente antijurídico e inútil.
La
antijuridicidad de cuanto se propone es evidente si se toma en cuenta que todo
ha sido arrancado mediante la violencia: gritos, amenazas, protestas ilegales y
violentas, saqueos, incendios, heridos y muertos; que se han emprendido
acciones no autorizadas por el orden jurídico vigente, como los plebiscitos
comunales, para alcanzar el resultado preferido; que unos pocos termocéfalos y
desequilibrados mentales se arrogan la representación de un «pueblo» que solo
existe en sus febriles imaginaciones; que el Tribunal Constitucional, encargado
de cesar en sus cargos a los parlamentarios subversivos, se niega en redondo a
analizar la acusación (¡rechaza incluso tramitarla!).
Además,
todo será inútil frente al fanatismo de las izquierdas. Cualquier cosa que no
sea una Asamblea Constituyente que, además, arroje un «resultado democrático» a
su gusto, será una Constitución que, como suelen decir, «no nos representa a
todos», esto es, antidemocrática. Más aún: si los que votan no son el 100%, las
izquierdas dirán que eso es suficiente, aunque sea un 30%, si el resultado les
favorece; pero dirán que nada es legítimo, aunque sea un 90%, si sale algo más
como de derecha, menos democrático según su concepción totalitaria de la
democracia.
Digamos
que son unos frescos. La inmoralidad del izquierdista revolucionario es
portentosa: «cara, gano yo; sello, pierdes tú». Solamente le resulta aceptable
que se haga su santa voluntad, y al resto le prende el fuego, primero con el
odio y luego con las bombas.
Ante
esa situación, en la cual la democracia no sirve para nada, nos queda solamente
defendernos usando también toda la fuerza legalmente autorizada.
La
prioridad ahora es organizar las fuerzas de la defensa patriótica, sin incurrir
en los excesos a que se sienten impulsados los chilenos que, hartos de la
violencia y de la destrucción del país, traman venganzas y represalias.
Una
parte de la defensa, la más legal, será proponer alternativas sensatas de nueva
Constitución.
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